La miembro informante del proyecto fue la diputada Socorro Villamayor. Al momento de tomar la palabra, afirmó que con el avance del proyecto se buscar regularizar la situación dominical de más de 110 puesteros.
En relación a los puesteros, sostuvo queesta iniciativa les permitirá “continuar y salir de un estado de vulnerabilidad e inestabilidad”.“Con esto se busca autorizar a recuperar las tierras y que esas tierras después sean readjudicadas en licitación”sentenció. 
Por su parte, el diputado por Guachipas, Néstor Parra, aseguró que aprobar este proyecto es apuntar al desarrollo y reconocer a quienes viven en estas tierras desde hace mucho tiempo.  
Este proyecto busca dar seguridad jurídica a los ocupantes rurales, fortalecer la producción local, fomentar el arraigo rural y ordenar el uso del territorio de forma más equitativa y legal, especialmente en el departamento de Anta, donde se encuentran muchos de estos terrenos.
Con la iniciativa se podrá ceder en forma gratuita las tierras que actualmente están siendo ocupadas por personas, con un límite máximo de 1.000 hectáreas por ocupante, y también se contempla la relocalización voluntaria de los ocupantes, ya sea a otras zonas rurales o al centro urbano “La Bomba”, donde los lotes no podrán superar los 1.500 m². 
Para este acceso, los ocupantes deben cumplir con ciertos requisitos y condiciones:
Eldiputado Roque Cornejo Avellanedasolicitó la abstención asegurando que faltaban dictámenes de la Fiscalía de Estado.También aseguró que hay personas que tienen el acceso a la tierra hace más de 100, por lo que han adquirido derechos de usucapión. 
Por su parte,el diputado por Salta Capital, Guillermo Durand Cornejo, pidió la vuelta a comisión de la propuesta mostrándose en contra que las tierras se entreguen solamente a algunas personas, y pidiendo que se amplíe la lista de interesados. 
La propuesta fue aprobada con las abstenciones y rechazos de la oposición. 
- Estar debidamente relevados en estudios técnicos confiables.
- Usar la tierra como su principal medio de vida, y mantenerla en producción personalmente.
- No ser dueños de otros terrenos de la provincia.
- No podrán vender, alquilar ni transferir la tierra durante 10 años. Si no cumplen, pueden perder la adjudicación.