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La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias ha presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional tan solo un día después de la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) en La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a pocos kilómetros al noroeste de la capital tica, San José.
La organización, según recoge el medio costarricense 'La Nación', sostiene que las condiciones de la nueva infraestructura penitenciaria podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, particularmente en materia de salud, privacidad y seguridad. Esto es lo que también denuncian medios y organizaciones salvadoreñas sobre el modelo presidiario en el que se inspira Cacco: las cárceles construidas por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
El recurso de amparo presentado pide frenar cautelarmente el traslado de presos -el cual comenzará a finales de mes- hasta este nuevo centro, cuestionando las condiciones de las celdas y la disponibilidad de personal para atender a los reclusos. El centro alberga capacidad para 5.100 reclusos, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población penitenciaria actual del país. Su construcción ha ascendido a los 15.800 millones de colones costarricenses, unos 31,1 millones de euros.
Costa Rica registró una cifra récord de 905 homicidios en 2023, según datos judiciales, pese a posicionarse como uno de los países más seguros de Centroamérica en la última década. El país se ha convertido en un punto de tránsito cada vez más importante para los cargamentos de cocaína con destino a Europa, lo que ha atraído a cárteles mexicanos y colombianos, avivando a su vez la competencia entre grupos criminales locales.
"El Cacco obligará a los delincuentes a enfrentarse a un nuevo modelo: un enfoque de mano dura contra el crimen. Costa Rica se convertirá en un referente mundial en seguridad penitenciario", ha afirmado la presidenta Laura Fernández durante la ceremonia de inauguración.
Fernández, que asumió el cargo en mayo tras una campaña electoral en la que prometió dureza contra las redes narcotraficantes, visitará El Salvador este viernes. Su Gobierno ha chocado con las autoridades judiciales en torno a su política criminal, y varios jueces han advertido sobre las nuevas presiones que afectan a los mecanismos democráticos de control y contrapeso de la nación centroamericana, que también ha retrocedido varios puestos con respecto a sus índices de libertad de prensa en los últimos años.
El modelo penitenciario del bukelismo se extiende con éxito por todas las naciones con gobiernos ultraconservadores en América Latina, mayoritarios con las excepciones de México y de -salvo vuelco electoral- Brasil. Tanto Ecuador como Honduras ya han anunciado planes para implementar este tipo de cárceles, mientras que la recién elegida presidenta peruana, Keiko Fujimori, también se plantea adoptarlo en la nación andina tras anunciar otra visita a El Salvador.