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El desdén hacia los familiares y víctimas de personas desaparecidas llegó hasta las Naciones Unidas, pues justo cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) se alistaba para exponer ante la Asamblea General de la ONU la situación de la crisis de desaparecidos en México, autoridades del organismo internacional no permitieron que familiares mostraran fotografías de sus seres queridos desaparecidos, por lo que fueron sacados de la sala donde se abordó este tema.
Así lo confirmó el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán, quien a través de redes sociales no dudó en señalar que fue "profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos".
El experto subrayó que su presencia merecía respeto y escucha, y "debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo".
En tanto, tras presentar el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, donde en el caso de México señaló la necesidad de activar el artículo 34 de la Convención para que la ONU trate con carácter de urgente la situación de las desapariciones en nuestro país, y generen un mecanismo de cooperación para que México pueda superar esta problemática.
El presidente del CED también llamó a que la cuestión remitida a la Asamblea en virtud del artículo 34 de la Convención no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas.
"Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación", agregó en su mensaje de redes sociales.
Incluso, advirtió que la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de la capacidad de los países parte en convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan.
Durante la presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a nombre del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, reiteró que "México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención".
El funcionario mexicano sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene y aseguró que el gobierno reconoce el dolor de las madres y familias buscadoras y que atender este delito es una prioridad nacional.
"El Estado Mexicano no consiente, ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad. Hoy contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad. En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político. Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo por autoridades del ámbito municipal", argumentó ante la ONU.
En este contexto, destacó algunas acciones implementadas por el gobierno, como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana, así como la existencia de una alerta nacional de búsqueda inmediata.
Es así que presumió que en tan solo este año "hemos localizado a más de 16,000 personas. La mayor parte con vida".
Finalmente, pese a subrayar que México mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional, el funcionario reconoció que hay "desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos".
En respuesta, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán, dijo reconocer las acciones emprendidas por México, e incluso calificó como un primer resultado de la activación del artículo 34 de la convención que se hayan localizado a 16,134 personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales.
No obstante, el experto enfatizó que los esfuerzos de cooperación con el CED deben mantenerse, mientras que este organismo de la ONU tiene la responsabilidad de continuar monitoreando la situación en México, de seguir solicitando información, invitando a diálogos constructivos, así como continuar registrando acciones urgentes.
Juan Pablo Albán también expuso ante los países integrantes de la ONU que, tras examinar la información proporcionada por el Estado Mexicano, las contribuciones de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil y los antecedentes reunidos desde el año 2012, se concluyó que existen indicios bien fundados de crímenes de lesa humanidad en nuestro país y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica.
No obstante, enfatizó que "esta decisión no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado Mexicano. Tampoco encontró el comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal, orientada a la Comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión".
En este contexto, recordó que el artículo 34 es un mecanismo preventivo excepcional de alerta, que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias, por lo que "ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera innecesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias.