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La pérdida de biodiversidad es una de las crisis globales más graves del momento. Animales, plantas, hongos y otros seres del planeta están muriendo a una velocidad llamativa, fenómeno que, tal como sucede en todos los ecosistemas, provoca un complejo efecto dominó que termina tocando la puerta de sectores relevantes para la vida humana, como la producción de alimento y el control de plagas o de virus que después pueden extenderse por todo el mundo.
Desde hace más de 30 años, Naciones Unidas discute cómo atender esta crisis. El lunes pasado inició la decimoséptima Cumbre Mundial de la Biodiversidad, formalmente llamada la Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP 17). La nueva edición, en la que participan representantes de la Argentina y de otros 195 países, tiene lugar en la montañosa capital de Armenia, Ereván.
La COP 17 comenzó el lunes 19 y culminará el 30 de octubre de 2026. Es una cumbre particular, porque finalmente los representantes de los 196 países participantes discutirán cómo implementar lo que se ha debatido y acordado durante las últimas ediciones. También porque, si bien la rueda del multilateralismo siempre fue lenta, la actual crisis geopolítica la ralentiza aún más.
Además de las delegaciones nacionales, participan de la convención organizaciones civiles, pueblos indígenas y comunidades locales. En esta edición se realizará el primer balance mundial oficial del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022, que establece objetivos puntuales para 2030, y se buscará evaluar si los acuerdos asumidos están dando resultados.
La conferencia no pretende renegociar las metas ya existentes para 2030, sino evaluar su cumplimiento, identificar brechas de financiamiento y capacidades, y determinar qué medidas hacen falta para frenar la pérdida de biodiversidad. Su importancia radica en que quedan apenas cuatro años para alcanzar los objetivos acordados.
Para esto se examinarán los Séptimos Informes Nacionales obligatorios presentados por los países, con el objetivo de determinar si las políticas y estrategias nacionales vigentes están logrando frenar la degradación ecológica global o si se requieren ajustes urgentes de rumbo. El foco estará puesto en su implementación y en garantizar el financiamiento para poder cumplir con sus objetivos.
Aprobado en 2022, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece cuatro objetivos a largo plazo y 23 metas para 2030, con el propósito de detener y revertir la pérdida de naturaleza. Entre sus compromisos principales están conservar el 30% de las áreas terrestres, aguas continentales y zonas marinas y costeras (acuerdo conocido como "meta 30x30″) y restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados. Cada uno de los países firmantes, entre ellos, la Argentina, acordó cumplir con estos objetivos en el interior de su territorio.
En la COP 17 se evaluará el avance de los países y se discutirán problemas centrales: la insuficiencia del financiamiento internacional, la eliminación de subsidios perjudiciales para la naturaleza y la responsabilidad empresarial frente a la biodiversidad. El desafío es cerrar la brecha entre los compromisos políticos y su implementación efectiva.
En el mundo, casi la mitad de los países firmantes están encaminados a cumplir buena parte de las metas consensuadas, aunque su cumplimiento es asimétrico. De acuerdo con información reciente, la próxima convención, agendada para 2028, se celebrará en América Latina y uno de los países posibles es Panamá. Sería la última COP antes del 2030.
Según el Informe Planeta Vivo 2026, elaborado por la World Wildlife Fund (WWF), las poblaciones monitoreadas de vertebrados silvestres disminuyeron un 73,2% en promedio entre 1970 y 2022. El índice mide cambios en la abundancia relativa de las poblaciones monitoreadas y explica una tendencia que, a pesar de las medidas tomadas en estos espacios multilaterales, no parece mejorar.
De acuerdo a este reporte, así como también por el reporte científico de Naciones Unidas elaborado por el Panel Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipebs), las principales amenazas son la pérdida y degradación de hábitats, impulsadas especialmente por la expansión agropecuaria; la sobreexplotación de especies; las especies invasoras y las enfermedades; el cambio climático; y la contaminación. Estas presiones interactúan entre sí y afectan tanto a las especies como al funcionamiento de los ecosistemas.
América Latina y el Caribe registra el mayor declive regional del Índice Planeta Vivo: un 95% entre 1970 y 2022. El dato refleja el cambio promedio en la abundancia relativa de las poblaciones de flora y fauna monitoreadas. En otras palabras, de todas las especies incluidas en el estudio, se contó su población. Los porcentajes obtenidos reflejan el promedio de la caída en el número de individuos de las especies que habitan la región.
La muestra de 2026 del reporte de Planeta Vivo incluye 4737 poblaciones de 1405 especies, frente a 3936 poblaciones de 1362 especies en el informe de 2024.
América Latina alberga además algunos de los territorios más biodiversos del mundo, como el Amazonas, una de las áreas con mayor variedad de fauna y flora; el Darién, un bosque tropical en la frontera entre Panamá y Colombia donde habita una numerosa cantidad de especies endémicas; la Patagonia, compartida entre la Argentina y Chile; la Moskitia, un bosque que comparten Nicaragua y Honduras; o las Islas Galápagos, en Ecuador, donde ya se identificaron al menos 7200 especies diferentes.
Entre las principales causas figuran la conversión de bosques, humedales y pastizales para la producción agropecuaria, la sobreexplotación de fauna, la fragmentación de ríos por represas y el cambio climático. La pérdida acumulada de bosque se estima entre el 14% y el 17% del bioma, cerca del umbral del 20%-25% que podría desencadenar un punto de inflexión ecológico.
Los ecosistemas de agua dulce son los más afectados a escala global: el Índice Planeta Vivo registra una caída del 85% en la abundancia relativa de las poblaciones monitoreadas entre 1970 y 2022. Dentro de este grupo, las poblaciones de peces migratorios de agua dulce disminuyeron un 81%. Entre las principales amenazas figuran la contaminación, la extracción de agua, la construcción de represas y la fragmentación de los ríos, que alteran los ciclos migratorios y los hábitats de numerosas especies.
En los ecosistemas marinos, el declive alcanza el 59%, frente al 56% registrado en el informe de 2024. También preocupan los anfibios, afectados por la pérdida de hábitat, el cambio climático y enfermedades fúngicas, así como los tiburones y las rayas, cuyas poblaciones sufren presiones intensas por la sobrepesca y la captura incidental.
Los arrecifes de coral enfrentan otra amenaza crítica: el calentamiento de los océanos provoca episodios de blanqueamiento que pueden comprometer su supervivencia. Según las proyecciones citadas en los documentos, incluso si el calentamiento global se limita a 1,5 °C, podría perderse entre el 70% y el 90% de los arrecifes de coral del mundo.
En conjunto, estos casos muestran que la crisis no afecta de manera uniforme a todos los ambientes: los ecosistemas de agua dulce presentan el mayor declive registrado en el índice, mientras que el cambio climático, la contaminación y la transformación de los hábitats agravan la presión sobre especies y ecosistemas especialmente vulnerables.
La participación argentina en la COP 17 es acotada. Mientras el canciller, Pablo Quirno, se encuentra en España junto al presidente Javier Milei, una representante técnica de su equipo se encarga de las negociaciones en esta cumbre.
No fue posible para LA NACION corroborar el número total de representantes de gobierno que conforman la delegación argentina. Sin embargo, sí pudo saber que esta es encabezada por Eliana Saissac, subsecretaria de Política Exterior, y es acompañada por Mónica Gabay, asesora de política ambiental de la Subsecretaría de Ambiente.
La gestión en el país camina lento en términos de conservación, según lo reportan organizaciones ambientalistas. Actualmente, un 13,2% de la superficie terrestre y un 6,57% de la superficie marina son áreas protegidas. Son porcentajes aún lejanos al compromiso al que el país suscribió en 2022: acordó llegar a un 30% de protección en ambos territorios para 2030.
De cara a la COP 17, la Argentina no había presentado su Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica al vencer el plazo oficial del 28 de febrero de 2026, según el balance de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esta omisión dificulta evaluar oficialmente los avances del país en el primer balance mundial del Marco de Kunming-Montreal.
Si bien la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio) del gobierno nacional impulsó la elaboración de este documento desde el año pasado, este no ha sido publicado en la página de Naciones Unidas. La responsabilidad última de hacerlo recae en Cancillería.
De acuerdo con FARN, aunque se desarrollaron herramientas para estimar las necesidades de financiamiento ambiental, persisten déficits de recursos para bosques nativos y áreas protegidas.