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Pasadas las 7 de la mañana del 10 de agosto, tembló la tierra. El terremoto dejó miles de víctimas en el occidente del país y, tres meses después, sigue siendo tema de conversación en las zonas afectadas.
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Se habla de los niños, que desde entonces no quieren quedarse solos. Se habla de las medidas que algunas familias acordaron por si la tierra vuelve a moverse. Se habla de la iglesia del pueblo, a la que todavía no se puede entrar, y de la casa que sigue en pie sostenida con palos y rodeada por una cuerda de "no pase". Se habla, también, de cuándo se harán efectivas las ayudas prometidas, que han comenzado a entregarse poco a poco.
Aun así, la gente no se ha quedado quieta. Los negocios vuelven a abrir como se puede, la rutina se rearma y las familias esperan con paciencia subsidios de arriendo, demoliciones, ayudas para sus negocios, y hasta intervenciones arquitectónicas para que sus ciudades y pueblos sigan con vida.
Mientras tanto son las entidades territoriales las que más dinero han puesto hasta ahora, según el tablero "Transparencia Reconstruye", una iniciativa de Transparencia por Colombia que reúne los contratos públicos relacionados con la atención del terremoto, con corte al 5 de noviembre.
En ese periodo se registraron 1.099 contratos por $265.088 millones, firmados con 960 contratistas en 111 municipios.
La primera conclusión está en el origen de los recursos. De ese total, $156.713 millones, cerca del 59%, salieron de los recursos propios de alcaldías y gobernaciones. Las demás fuentes aportan montos mucho menores: la siguiente ronda los $33.647 millones (en especie, privados, por cooperación) y otra cerca de $24.900 millones, que habrían salido del Presupuesto General de la Nación.
La lista de entidades contratantes confirma el peso de lo local. La Alcaldía de Pereira encabeza con 162 contratos por $48.933 millones, casi uno de cada cinco pesos contratados en toda la emergencia.
Le siguen la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, con 116 contratos por $14.577 millones; la Cámara de Comercio de Pereira, con 91 contratos por $4.451 millones; la Alcaldía de Dosquebradas, con 43 contratos por $7.676 millones; el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, con 33 contratos por $3.278 millones; y la Gobernación de Risaralda, con 33 contratos por $12.129 millones.
Aparecen también la Gobernación del Chocó ($8.177 millones), la Gobernación de Caldas ($4.064 millones) y alcaldías como Armenia, Quimbaya, Montenegro, El Cairo, Bolívar, Sevilla, La Victoria y Zarzal.
La segunda conclusión tiene que ver con cómo se ha contratado. El 83,7% de los contratos se adjudicó por contratación directa. Le sigue el régimen especial, con el 13,6% de los contratos.
La causal más usada fue la urgencia manifiesta, que permite a las entidades saltarse los procesos competitivos ante una emergencia. Respalda el 45% de los contratos directos y más de $196.333 millones, unas tres cuartas partes de todo lo contratado. Le siguen los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el 36,9% de los contratos directos.
Por fases, 548 contratos corresponden a recuperación y reconstrucción, 201 a atención humanitaria y 176 a inspección y evaluación de estructuras.
Al cumplirse los tres meses, la Casa de Nariño salió a responder los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos. Miller Soto, vocero del Gobierno, presentó el balance del Fondo Milagro, el mecanismo creado para financiar la recuperación de viviendas e infraestructura y la reactivación económica de las zonas afectadas.
Según Soto, el fondo empezó con un primer desembolso de $624.656 millones, que vienen de un crédito con el Banco Mundial. A eso se suman los recursos que el Estado destinó a la atención inicial de la emergencia.
Con esa suma, el Gobierno calcula que está movilizando cerca de un billón de pesos públicos. El vocero anunció además nuevas adiciones presupuestales para noviembre, pero no precisó de cuánto serán.
El Gobierno detalló algunos destinos específicos:
Vivienda: más de $332.000 millones para intervenir 7.385 casas, mediante reconstrucción, reparación o rehabilitación.
Comercio: $4.600 millones para 920 apoyos directos de $5 millones a pequeños comerciantes, para que puedan recuperar y reabrir sus negocios.
Demoliciones: $50.000 millones para derribar edificaciones que representan un riesgo para las comunidades.
Los tres rubros suman cerca de $386.600 millones, menos de la mitad del billón que el Gobierno dice estar movilizando.
Las cifras del tablero no contradicen por sí solas el balance del Gobierno. El tablero solo recoge lo registrado en el Secop, y parte de los recursos nacionales puede ejecutarse por otras vías. Pero sí dejan ver una distancia: mientras el Gobierno habla de un billón movilizado y de $386.600 millones con destino definido, lo que hoy se puede rastrear en contratos suma $265.088 millones, y la mayor parte salió de las arcas de los municipios y departamentos golpeados por el terremoto.
Soto, el vocero del Gobierno, reconoció que la recuperación todavía requiere "muchos meses de trabajo arduo".
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