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Es un hecho. México está dispuesto a reducir el uso del efectivo, pero todavía no ha resuelto cómo incorporar al sistema financiero una parte considerable de su actividad comercial. La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos representa un avance, aunque también nos deja una duda fundamental, ¿qué ocurrirá con el dinero que circula diariamente en mercados, tianguis, centrales de abasto y miles de negocios que operan fuera de la formalidad?
El Senado aprobó la legislación el 20 de octubre y la remitió al Ejecutivo. La propuesta permite establecer sectores donde los pagos digitales sean la única modalidad aceptada, conforme a reglas y plazos posteriores…gasolineras y casetas aparecen entre las primeras actividades consideradas.
La intención de modernizar los pagos me parece razonable; México necesita reducir costos de transacción, facilitar operaciones y ampliar la trazabilidad del dinero, sin embargo, considero que la discusión legislativa tiene varios puntos ciegos.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el efectivo continúa siendo el medio de pago más frecuente para 85.2% de los adultos en compras de hasta 500 pesos y para 73.5% en operaciones superiores a esa cantidad. ¡Un mundo! No hablamos entonces de una práctica marginal ni exclusivamente de pequeñas transacciones.
Pensemos en la actividad comercial que se concentra diariamente en los grandes centros de distribución de alimentos. Miles de operaciones pueden realizarse en efectivo, desde compras individuales hasta pagos a intermediarios, transportistas y proveedores mayoristas. La acumulación de esas transacciones representa flujos considerables cuya magnitud no puede estimarse únicamente observando el valor de cada compra.
El problema financiero, a mu parecer, surge cuando esos recursos circulan sin documentación suficiente sobre su origen, destino y beneficiarios.
Ojo, no sostengo que el comercio informal sea sinónimo de lavado de dinero; sería una afirmación irresponsable. La informalidad incluye actividades legítimas y esenciales, por supuesto, aunque operen fuera de determinados registros fiscales o laborales. Pero los flujos intensivos en efectivo pueden facilitar sn duda, operaciones difíciles de verificar y aumentar los riesgos de evasión, ocultamiento de ingresos y utilización de negocios para introducir recursos ilícitos.
La digitalización puede contribuir a reducir esa opacidad. Cada operación electrónica genera información que permite identificar movimientos, reconstruir relaciones comerciales y fortalecer los mecanismos de prevención financiera.
Sin embargo, trazabilidad no equivale automáticamente a legalidad. Es decir, una transferencia puede corresponder a una actividad irregular, mientras una operación en efectivo puede ser completamente legítima. El análisis debe concentrarse en patrones transaccionales, consistencia económica y origen de los recursos.
Desde mi perspectiva, la regulación debería atender también la estructura financiera del comercio informal; una estrategia bilateral. Un comerciante puede aceptar transferencias de sus clientes y continuar pagando mercancía, transporte y salarios en efectivo. Digitalizar únicamente el cobro final no garantiza que toda la cadena comercial quede incorporada al sistema financiero.
Y no, tampoco basta con abrir y abrir cuentas bancarias. La formalización requiere incentivos económicos, productos adecuados y condiciones fiscales que permitan operar sin costos desproporcionados.
Me interesa especialmente el potencial de los registros transaccionales para ampliar el crédito. Un negocio que documenta ventas y pagos puede construir un historial verificable, incluso cuando carece de estados financieros sofisticados. Esa información puede mejorar la evaluación de su capacidad de pago y facilitar financiamiento.
La banca tiene una oportunidad importante, pero también una gran responsabilidad. No puede limitarse únicamente a ofrecer terminales y cobrar comisiones. Debe desarrollar servicios accesibles para comerciantes con operaciones frecuentes, márgenes reducidos y necesidades de liquidez inmediatas.
La supervisión también necesita criterios de proporcionalidad. No sería eficiente someter a un pequeño comerciante a exigencias diseñadas para operaciones corporativas complejas. Los controles deben responder al riesgo real, sin impedir que actividades legítimas ingresen al sistema.
En este contexto, México necesita distinguir tres objetivos que suelen confundirse; reducir efectivo, ampliar inclusión financiera y combatir operaciones ilícitas. Son tareas relacionadas, pero requieren instrumentos diferentes.
La ley puede acelerar la primera; la segunda dependerá de que la banca ofrezca mejores servicios, y la tercera exige inteligencia financiera, fiscalización y coordinación institucional.
Considero que el éxito no debería medirse únicamente por el número de pagos electrónicos realizados e identificados. Importa cuánto comercio logra incorporarse a mecanismos financieros verificables, cuántos negocios obtienen acceso a crédito y qué capacidad desarrollan las autoridades para identificar operaciones de riesgo.
México puede reducir el efectivo y fracasar en reducir la informalidad. También puede digitalizar millones de transacciones y fallar en conocer suficientemente el origen del dinero que las financia.
La verdadera transformación comenzará cuando los pagos digitales permitan construir una economía más transparente, productiva y financieramente integrada
Manuel Herrejón Suárez (síguelo en X como @ManuelHerrejonS) es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE.