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El número de amnistías otorgadas por el gobierno ha disminuido durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al gobierno en curso le corresponden solo 32 de los 491 procesos declarados procedentes desde que en 2020 se creó la Comisión de Amnistía, es decir, 6.5 % del total.
De tal forma que en los seis años de existencia de la Ley General de Amnistía, el 93.5 % de las liberaciones se concentró en los primeros cuatro, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La actual administración ha roto el récord histórico de personas encarceladas en el país a nivel federal. Foto: Cuartoscuro
El mecanismo de amnistía se creó en 2020 para dar un perdón legal y devolver la libertad a personas señaladas de cometer delitos menores sin violencia, así como para reconocer que actuaron bajo condiciones de vulnerabilidad, pobreza o desigualdad.
La Comisión de Amnistía, encabezada por la Secretaría de Gobernación, ha sesionado en 17 ocasiones desde su creación. Las 14 primeras en la segunda mitad del sexenio de López Obrador, en las que se decidió que fueran liberadas 459 personas, y sólo tuvo tres sesiones en los primeros dos años de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 32 casos.
En la actual administración, la comisión sesionó el 28 de abril de 2025 y determinó que eran procedentes 10 amnistías. Después, el 25 de julio de ese mismo año, con una sesión extraordinaria, se declararon procedentes de libertad 11 casos, y la más reciente sesión fue el 14 de mayo pasado, con otros 11 casos.
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Desde que la Comisión de Amnistía comenzó a operar, el periodo con más amnistías otorgadas fue el comprendido entre agosto de 2021 y agosto de 2023, cuando se concentraron 329 resoluciones favorables, lo que equivale al 67% del total hasta ahora. En los últimos tres años, las amnistías a personas encarceladas muestran una disminución gradual.
La reducción de las amnistías para personas encarceladas en el gobierno de Claudia Sheinbaum contrasta con el aumento de encarcelamientos y con una política que prevé construir más prisiones.
La actual administración ha roto el récord histórico de personas encarceladas en el país a nivel federal, con 275 mil 497 registradas en el reporte más reciente, de agosto de 2026. Cuando Sheinbaum llegó a la presidencia había 235 mil 461 personas privadas de la libertad en cárceles federales. En sus primeros 22 meses, su gobierno ha encarcelado a 40 mil 36 personas más, es decir, un promedio de 60 cada día.
Asimismo, el gobierno prepara más de 18 mil nuevos lugares para personas encarceladas. El 13 de octubre, fue anunciada la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Además de la reducción de amnistías concedidas, el informe elaborado por la Secretaría de Gobernación muestra que sólo una de cada cinco solicitudes de amnistía han sido declaradas como procedentes por la Comisión.
Este mes fue anunciada la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Foto: Cuartoscuro
La Comisión de Amnistía es presidida por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y se integra por cuatro secretarias y secretarios de Estado: el de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la de Bienestar, Leticia Ramírez; la de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y el del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Todas tienen voz y voto para tomar acuerdos.
Hasta el 31 de agosto de 2026, la Comisión de Amnistía ha recibido 2 mil 395 solicitudes y ya resolvió respecto a 2 mil 62 casos: 491 fueron aprobadas, mil 353 fueron rechazadas y 218 se dieron por concluidas. Actualmente, 182 solicitudes continúan en proceso de análisis y en 52 se espera más información.
Las decisiones de la comisión son sometidas a la evaluación de un juez federal para que confirme la resolución y ordene la libertad de la persona beneficiada. De las 491 amnistías declaradas como procedentes, 425 personas ya fueron declaradas libres por los jueces, quienes eliminaron sus antecedentes penales y les devolvieron sus derechos civiles y políticos. Es decir, los jueces respaldaron el 86.5 % de los casos aprobados por la comisión.
La mayoría de las personas que recibieron la amnistía llegaron a la cárcel por delitos contra la salud y tráfico de narcóticos: 480; seis enfrentaban cargos por robo simple y cinco más por delitos migratorios.
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La razón principal que la comisión encontró para otorgar la amnistía es la situación de pobreza de las personas, 442 casos. Otras razones incluyen tener una discapacidad permanente, 11 personas; haber actuado por indicación de otra persona, 10 casos; actuar por temor fundado, 7 personas; o ser personas indígenas sin un intérprete o defensor en su lengua, también 7 casos.
De los 491 casos procedentes, 327 son hombres, 163 son mujeres y una persona es identificada como parte de las poblaciones LGBTTTIQ+. Asimismo, 45 de ellas son personas indígenas.
De las personas liberadas, 454 son mexicanas, principalmente de entidades como Sinaloa (121), Ciudad de México (70) y Chiapas (52). Hay 37 casos de personas extranjeras, provenientes de países, como Ecuador, Colombia y Guatemala.
La amnistía elimina los antecedentes penales y devuelve la libertad a las personas que la reciben. Este beneficio está diseñado principalmente para apoyar a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social, siempre que no sean reincidentes.
En junio de 2023 activistas exigieron en Toluca amnistía para personas presas. Foto: Cuartoscuro
Este mecanismo fue implementado a partir de la Ley General de Amnistía, publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2020. Pueden acceder a la amnistía personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por discriminación, exclusión o por contar con una discapacidad permanente.
Entre los delitos considerados a evaluar están los cometidos por personas acusadas o sentenciadas por transportar, comerciar o poseer drogas. También, quienes hayan cometido el delito por indicación de su pareja o un familiar, por miedo o amenazas, o porque fueron obligadas por grupos del crimen organizado. Así como integrantes de pueblos indígenas o comunidades afromexicanas que se encuentren en estas mismas condiciones de vulnerabilidad.
También pueden acceder a la amnistía las personas consumidoras de drogas que al ser detenidas llevaran consigo narcóticos en cantidades de hasta el doble del límite permitido para consumo personal, siempre que no fuera con fines de venta o distribución.
Las personas pertenecientes a pueblos indígenas procesadas por cualquier delito pueden acceder a la amnistía si durante su juicio no se les garantizó el derecho a un intérprete o defensor que hablara su lengua y conociera su cultura. Pueden acceder a la amnistía también quienes hayan sido procesadas o sentenciadas por robo simple y sin violencia, en casos que la pena fijada no supere los cuatro años de prisión, así como mujeres acusadas por aborto, familiares que hayan ayudado, y los médicos, parteras o personal de salud que hayan auxiliado en el procedimiento sin violencia y con el consentimiento de la madre.
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Otras personas que pueden acceder a la amnistía son quienes hayan sido parte de grupos políticos con el fin de alterar la vida institucional, siempre y cuando no hayan cometido actos de terrorismo, ni hayan causado muertes, lesiones graves o utilizado armas de fuego.
Además, la presidenta Sheinbaum puede otorgar la amnistía de forma directa a quienes aporten elementos comprobables y útiles para conocer la verdad en asuntos de gran relevancia para el Estado mexicano.
La ley excluye de manera explícita de la amnistía a personas que sean reincidentes en el delito del que se les acusa y a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad física, así como personas procesadas o sentenciadas por secuestro o delitos en los que se hayan utilizado armas de fuego. Además, quienes hayan cometido delitos federales graves.
De acuerdo con la ley, una solicitud de amnistía puede ser presentada ante la Comisión de Amnistía directamente por la persona interesada, sus familiares o por organismos defensores de derechos humanos.